Uno no opina que las empresas deban ser todas públicas, ni mucho menos, pero es de sentido común que para que un estado pueda ejercer influencia en la vida económica de su país, debe controlar al menos los sectores más estratégicos (comunicaciones, transportes, sector energético, etc) y, sobre todo, no dejar estos sectores en manos de grandes corporaciones anónimas y de capital extranjero.
El libre mercado, la libre concurrencia, el derecho a elegir libremente la profesión no son, ni deben ser, opuestos a un control público (de todos) democrático y atendiendo al interés general, al beneficio común, para que, en igualdad, podamos ejercer libremente nuestra iniciativa profesional y económica. Esto es lo que se viene (o venia) llamando el estado social, democrático y de derecho, que a todas luces se está desmontando paulatinamente a lo largo de las últimas décadas, y que la crisis (económica y financiera) actual ha evidenciado claramente.
La perversión del lenguaje a base de eufemismos y neologismos en una sociedad culturalmente precaria ha dado lugar a una nueva, y gran, clase social analfabeta del significado profundo y verdadero de los mencionados neologismos y eufemismos al servicio de la oligarquía y la partitocracia dirigente. Así nos encontramos ante la extensión de la pobreza en, cada vez, mayor porcentaje de la población, un enriquecimiento mayor de las grandes fortunas, la venta (a precio de saldo) del sector público (aeropuertos, sanidad, educación, industria, banca, telecomunicaciones, etc) con políticas que se desentiende del gasto social a costa de beneficiar fiscalmente las grandes fortunas.
España s.a. no ya para el mayor postor sino para el amigo (o el amo) del político de turno, para la oligarquía franquista (y posfranquista) que a la vista de perder el poder político (ya devaluado) se está quedando con el cortijo y seguir mandando (y ordeno) como en tiempos del dictador.
Miquel Nicolau Preto Fernández
Miquel Nicolau Preto Fernández